Trabajadores limpian derrame de crudo en Amazonas. Foto: Ben Powless
Bagua, Perú, 1 de julio de 2009, Tierramérica.- “Ahora se van a ir los peces”, dijo el indígena awajún Luis Umpunchi, entre una veintena de personas reunidas alrededor de un oleoducto roto en la comunidad de Jayais, en la norteña región peruana de Amazonas.
Todos observaban preocupados el derrame. Algunos tocaban el líquido negro, que se mezclaba con el lodo formado por la lluvia.
“Ese petróleo llega al río Marañón, en cuyas riberas están nuestros cultivos”, agregó Antonio Chu Pumpunchig, que estaba cosechando plátanos cuando se enteró de la rotura de una de las tuberías del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú y con varias estaciones de bombeo en Amazonas.
La Estación Número 6, precisamente, fue tomada a inicios de este mes por indígenas de la provincia de Bagua como parte de las protestas contra leyes que amenazan sus territorios, y fue uno de los epicentros de violentos choques en los que murieron 24 policías y por lo menos 10 civiles, aunque los nativos afirman que los decesos serían muchos más.
Las poblaciones más afectadas por el derrame están en las cuencas de los ríos Cenepa y Nieva. Pero los nativos que viven más cerca de ciudades como Bagua, capital provincial, también temen que sus ríos puedan contaminarse, como le sucedió al pueblo achuar, asentado en el río Corrientes de la vecina región de Loreto, en el extremo nororiental del país, donde opera la empresa argentina Pluspetrol.
Trabajadores de Petroperú que llegaron a Jayais para limpiar el derrame se negaron a informar sobre la causa de la rotura de la tubería, tendida sobre una quebrada.
Las familias amazónicas viven de la pesca, la caza en los bosques, el cultivo de plátano, maíz y cacao en las riberas de los ríos y de yuca en la montaña, además de la venta de productos agrícolas. En las carreteras, los comerciantes les compran el ciento de plátano a tres soles (un dólar), para luego venderlo en los mercados a 12 (cuatro dólares).
“No es que reclamemos porque somos salvajes, sino porque vivimos de estos recursos. La tierra es nuestra madre y el bosque nuestra despensa para alimentar a nuestras familias”, insistió Umpunchi.
Lo más probable es que parte del crudo derramado llegue al río Chiriaco y luego termine en el Marañón, explicó.
Más de 70 por ciento de la Amazonia peruana ha sido repartida en concesiones para inversiones de hidrocarburos entre 2003 y 2008, sostuvo en marzo un informe de la organización no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), a partir de datos oficiales.
Para promover la inversión privada en la selva, el gobierno de Alan García aprobó una decena de decretos legislativos en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que encendieron inusitadas protestas indígenas en 2008 y este año.
Ante la tragedia de este mes, el gobierno retrocedió parcialmente y el Congreso derogó dos de las normas cuestionadas.
Extracción en la mira
Los pueblos awajún y wampí, que habitan Amazonas, se sienten amenazados por las actividades minera y petrolera, asentadas en las cabeceras de sus cuencas, en áreas protegidas y casi siempre en zonas muy vulnerables, lo que da pie a disputas por recursos como el agua y la tierra entre empresas y pobladores.
“Ésta es mi casa, aquí vivieron mis abuelos y es lo que quiero que mis hijos hereden”, dijo a esta periodista Julia Esamat, de 53 años, una awajún de la aldea de Wawas, en el distrito de Chiriaco.
“Nosotros hemos salido (adelante) solos, sin el Estado. Ahora no pueden venir las autoridades a quitarnos lo que es nuestro”, aseguró.
Hay cerca de 60 concesiones petroleras, 15 de ellas aprobadas de manera irregular, superponiéndose a 12 áreas protegidas en 10 regiones del país. Entre ellas aparece la zona reservada Santiago Comaina, de Amazonas, según el informe de DAR.
En el lote 116 de Santiago Comaina tiene un permiso de exploración la empresa francesa Maurel & Prom. Para acceder a la zona, la compañía firmó un acuerdo con los presidentes de las federaciones nativas de la provincia de Condorcanqui. Pero, por no haber consultado a sus comunidades, esos líderes fueron destituidos por sus bases, señaló el diario La República en mayo de 2008.
Además, en Amazonas se han autorizado proyectos de exploración de oro y uranio en la Cordillera del Cóndor, en el límite con Ecuador. Según organizaciones nativas de la cuenca del Cenepa, esas concesiones fueron transferidas de modo irregular a la empresa Dorato Perú, subsidiaria de la canadiense Dorato Resources.
En una nota de prensa de noviembre de 2008, Dorato Resources afirmó que había adquirido todas las acciones de la minera peruana Afrodita. Esa transacción se habría realizado mediante Afrodita y compradores de fachada, según el abogado Marco Huaco, de la organización no gubernamental Racimos de Ungurahui.
De acuerdo con Huaco, el proyecto viola el artículo 71 de la Constitución, porque para autorizar una inversión extranjera en la frontera, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto supremo que la declare de “necesidad pública”, lo cual no se hizo.
Además, se habría infringido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, que exige la consulta previa a las comunidades locales sobre actividades económicas que afecten sus medios de vida.
La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), una de las cuatro entidades indígenas de Amazonas, presentó en abril tres denuncias sobre el caso ante la Dirección de Concesiones Mineras.
Las autoridades contestaron que desconocían la participación de la empresa canadiense, que las concesiones fueron otorgadas a personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana y que investigarían las denuncias, señaló Huaco, asesor de la organización.
La Odecofroc también llevó el caso de la Cordillera del Cóndor ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos y las libertades de los pueblos indígenas, James Anaya, que estuvo en Bagua el 18 de este mes.
En el documento entregado a Anaya, al cual accedió esta periodista, se señala que el proyecto afecta a 9.636 indígenas del Cenepa, porque se ubica en la cabecera de los principales ríos tributarios del Marañón y atraviesa el protegido Parque Nacional Ichigkat Muja, reconocido por el gobierno por su altísima “vulnerabilidad ecológica y humana”.
En varios expedientes de titulación de derechos a favor de peticionarios mineros, el Instituto Nacional de Recursos Naturales reconoció la imposibilidad de realizar actividad minera en el territorio awajún, afirma el documento entregado a Anaya.
“Si se realiza la minería en esa zona, significaría la extinción parcial de este pueblo amazónico”, declaró Huaco para este artículo.
Los líderes indígenas llevarán el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, al asesor especial para la Prevención del Genocidio del foro mundial y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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