Ciudad de México, DF, México, 1 de diciembre de 2011, México Ambiental.- Diversas organizaciones ambientalistas y sociales de México y el mundo, exigieron al gobierno mexicano garantías y seguridad absolutas, luego de descubrirse una coarta bomba contra Greenpeace el pasado viernes 25 de noviembre. Al tiempo, demandaron a las autoridades tomar en serio su responsabilidad de proteger a la sociedad y de investigar, en vez de minimizar y poner en riesgo a la gente.
El artefacto explosivo fue remitido a través de Servicio Postal Mexicano (Sepomex), de donde Greenpeace recibe correo normalmente, y venía dirigido a un coordinador de campaña de la organización. El remitente que aparecía en el sobre era Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex. Al notar que el paquete contenía polvo negro, cables y algún tipo de dispositivo, el envío fue dejado en el patio de la oficina de la organización y se procedió a llamar a las autoridades.
Greenpeace es una organización pacifista, financiada por los ciudadanos y ciudadanas, y que durante toda su existencia ha llevado a cabo sus denuncias, protestas y acciones bajo el principio de la no violencia.
Sin embargo, no es la primera vez que Greenpeace es amenazado en los últimos años. Desde septiembre pasado, Greenpeace dio a conocer a miembros de la CDHDF y de la PGJDF algunas menciones de la organización en portales de grupos que reivindican atentados, explicaron representantes de la influyente organización ambientalista ayer en conferencia de prensa.
En octubre varios de los integrantes de la organización recibieron un mensaje directo con amenazas de desaparición y muerte en caso de que fueran a Guerrero.
Por eso, a partir de este último correo, Greenpeace presentó una averiguación previa con la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la PGR, pero hasta ahora, ni hay resultados ni se les ha informado sobre el avance.
En ese entonces, se reunieron con el procurador Miguel Ángel Mancera, quien aseguró que habría más vigilancia. Dese ese momento, algunos policías dieron rondines intermitentes por los alrededores de la oficina. Pero sólo eso.
Los ambientalistas citaron la Constitución de México que señala en su primer artículo que “… todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Tomando esta ley máxima mexicana y los acuerdos internacionales sobre la material como referencia, la propia Segob aprobó recientemente un acuerdo por el que se establecen las bases de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos, el cual establece que dichos deberes implican el establecimiento de las medidas necesarias para proteger las actividades que despliegan los defensores y las defensoras de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad.
Para Greenpeace y los ambientalistas mexicanos es claro que hacer que esto se cumpla es, en primer lugar, responsabilidad de la Segob y la PGR, instancias de las cuales hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. De allí este encuentro con comunicadores para dar a conocer la situación, el atentado y las exigencias de seguridad y garantías para la libertad de expresión.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes, Luis González, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y representantes de las organizaciones Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), El poder del consumidor (EPC), Centro Pro, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Consejo civil mexicano para la silvicultura sostenible (CCMSS) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), entre otros.
Luis González, presidente de la CDHDF, dijo allí que “… es obligación de las autoridades garantizar el ejercicio del derecho humano a defender derechos humanos. Las agresiones contra defensores que quedan en la impunidad inhiben a la población del ejercicio de este derecho”.
“Sabemos que el trabajo de nuestras campañas afecta fuertes intereses económicos y políticos, que nuestras denuncias siempre traen nombre y apellido de quienes destruyen el ambiente y que lo que hacemos implica riesgos en una democracia tan frágil como la nuestra. Sin embargo, este año como nunca Greenpeace ha sido objeto de ataques que reflejan la impunidad y la descomposición social del país. Estos ataques comenzaron en marzo, cuando la Semarnat utilizó todo el poder del Estado para descalificar y hostigar a Greenpeace. En septiembre, identificamos que Greenpeace era mencionado en sitios de internet de grupos que se adjudican atentados, en octubre recibimos amenazas de muerte por correo y nos vimos obligados a suspender una actividad en Guerrero y ahora recibimos un sobre con un artefacto explosivo casero que por fortuna no afectó a nadie. De todo esto las autoridades han sido informadas con oportunidad, hemos levantado averiguaciones previas y solicitado medidas cautelares, sin embargo, la reacción ha sido muy lenta. ¿Qué más es necesario que suceda para que las autoridades actúen?”, afirmó Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.
Ricardo Reynoso con la representación del Cemefi, consideró inaceptables las amenazas y actos intimidatorios como los que ha sufrido Greenpeace: “Las organizaciones de la sociedad civil representan a la ciudadanía organizada, son una de las formas más afinadas de su participación en lo público. Por ello, este ataque no es sólo contra Greenpeace, sino contra la libertad de expresión y de acción de las organizaciones civiles y, por extensión, de la ciudadanía. El Cemefi reivindica el derecho legítimo de la sociedad civil organizada a expresarse y trabajar a favor de las causas sociales y ambientales que ésta elija. La democracia debe garantizar permanentemente la libertad de expresión y de acción de los ciudadanos en un marco de legalidad, por lo que es indispensable que se lleva a cabo una investigación seria sobre este caso y se esclarezcan los hechos”.
“Éste es un ataque a todos los ciudadanos de este país… La sociedad civil organizada no puede permitir este tipo de hechos, pues tocar a una organización es tocarnos a todas. Las organizaciones campesinas nos solidarizamos con Greenpeace y exigimos a las autoridades competentes investigar quiénes son responsables y poner medidas cautelares como las que ya había solicitado la organización desde hace meses, y cumplir con su tarea de proteger a la gente”, afirmó católicamente Víctor Suárez, director de ANEC.
En tanto, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor sostuvo: “De por sí la sociedad civil que se organiza en México trabaja en condiciones adversas frente a la corrupción, a la connivencia entre autoridades y poderes económicos, como para además recibir amenazas que no tienen mas que la intención de paralizar su labor. De permitir esta situación estaríamos cancelando el futuro de nuestro país y sólo favoreciendo a quienes quieren ver y se benefician con una sociedad paralizada. Nuestra misión es, a pesar de todo, continuar en la defensa del interés común”.
“Hoy es Greenpeace quien recibió esta advertencia y con ello se suma a las decenas de organizaciones que han sufrido hostigamiento de diverso tipo. Como defensores de derechos humanos exigimos a las autoridades que pongan un alto a estas acciones intimidatorias que lo único que logran es debilitar más nuestra democracia”, afirmó Edgar Cortez, del IMDHD.
“Es muy importante que haya una respuesta inmediata, necesitamos eficacia de parte de las autoridades y no que reaccionen cuando ya es tarde, cuando las organizaciones o las personas han sufrido daños graves. Este caso muestra una vez más que las organizaciones y los defensores de los derechos fundamentales se encuentran en estado de indefensión”, afirmó Manuel Fuentes, integrante del Consejo de la ANAD.
José Rosario Marroquín, director del Centro Agustín Pro Juárez, manifestó: “La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México está en grave riesgo, y esto se agrava por la falta de investigación en torno a las agresiones denunciadas por las organizaciones. Ante esto, exigimos a las diversas instancias de gobierno que actúen con prontitud, nos solidarizamos con Greenpeace por esta agresión y nos mantendremos atentos a lo que siga. Asimismo, hacemos un llamado a agilizar todos los trabajos para la implementación de los mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos”.
“Estos ataques si bien distraen nuestra atención, no van a lograr que dejemos de hacer nuestro trabajo: seguiremos defendiendo a Cabo Pulmo, vamos a detener las siembras comerciales de maíz transgénico, impulsaremos nuestra propuesta de revolución forestal y exigiremos frenar la exploración petrolera en aguas profundas. Y, por supuesto, además de nuestras campañas, haremos todo lo posible por fortalecer el trabajo y las redes entre organizaciones civiles para evitar que avance la impunidad, para que el miedo no se apodere de todos y para que no se nos arrebaten los espacios democráticos ganados. Exigimos resultados de las investigaciones iniciadas, exigimos que se informe a la ciudadanía sobre los nuevos escenarios que estamos viviendo y que se tomen con seriedad que ameritan, exigimos que el Estado cumpla con su función de proteger y garantizar la vida de los ciudadanos, de los defensores de los derechos a un medio ambiente sano y de las organizaciones de la sociedad civil”, concluyó Patricia Arendar.
Diferentes organizaciones y ciudadanos han expresado su solidaridad con Greenpeace, como Homero Aridjis, Grupo de los Cien; Alejandro Villamar, RMALC; Odón de Buen, ENTE; José Antonio Ordóñez Díaz, Pronatura México, AC; David Kaimowitz, Fundación Ford; Adán Mata del grupo de ejidatarios de Texcaliacac, Estado de México; Esperanza Salazar, Bios Iguana; Yolanda Alaniz, Comarino; Ingrid Spiller, Fundación Boell; Gustavo Alanís Ortega, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC;
Omar Vidal, WWF; Hilda Salazar, Mujer y Medio Ambiente; Lorena Vázquez Ordaz, The Hunger Project México; Lydia Cacho, CIAM Cancún; Alternativas Pacíficas, AC; Miguel Ángel García Aguirre, Maderas del Pueblo del Sureste, AC; Elena Kahn, Guerreros Verdes; Areli Sandoval Terán, DESCA Y Social Watch México, DECA Equipo Pueblo, AC; Alma Margarita Oceguera Rodríguez, OSC Centro Cultural Esperanza Rodríguez, AC; Gustavo Sánchez, Red MOCAF; Hilda Salazar, Red de género y medio ambiente; Carlos A. Vicente, GRAIN; Francisco Valdés Perezgasga, Instituto Tecnológico de La Laguna; Luis Bustamante, Unión de Grupos Ambientalistas de México; Grupo Financiamiento Mexicano; Conanp; Gerardo Bocco, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM; Gustavo Sánchez, de Red Mocaf; Dr. Alejandro Velázquez, Academic Liaison, UNAM-Canadá; Xavier Treviño Theesz, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo; Jaime Navia, GIRA, AC; Patricia Gerez Fernández, INBIOTECA, Universidad Veracruzana.
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
I Reunión sobre Especies Acuáticas Exóticas de Méxco
XVIII Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica y el II CongresoEstatal de Difusión y Divulgación de la Ciencia y Tecnología en Michoacán
X Congreso de SETAC-LA
Organizaciones ecologistas mexicanas y representantes de comunidades afectadas, exigen que la empresa española Hansa Urbana se retire de Cabo Pulmo, una zona protegida que es patrimonio UNESCO y que prácticamente ha sido vendida por el gobierno mexicano del PAN a los españoles. En tanto, su principal promotor, el presidente mexicano Felipe Calderón recibió del PNUMA el reconocimiento Champions of the Earth, ¡por políticas amigables con el medio ambiente! 
Imagen: blog.pucp.edu.pe
